La jueza en lo penal de Santa Fe, Rosana Carrara, ordenó este lunes por la tarde convertir en prisión preventiva la detención que desde el jueves pasado atraviesa María del Carmen Fernández, una mujer de 49 años de la ciudad de Gálvez, quien administraba un hogar de ancianos en el que fueron hallados cuatro ancianos en un verdadero estado de abandono.
La medida cautelar fue solicitada por el fiscal de Coronda, Marcelo Nessier, quien participó de la audiencia acompañado por su par de la Unidad Fiscal de San Javier, Francisco Cecchini -por Zoom-.
A cargo de la defensa de Fernández estuvo el abogado Juan Bautista Fossa, quien no conformó las expectativas de la fiscalía ni de la magistratura a la hora de proponer alternativas a la cautelar de encierro.
Fotos escalofriantes
El caso tomó estado público el jueves pasado, cuando trascendieron las fotos de ancianos en un estado verdaderamente calamitoso, que daban cuenta de la falta escasa alimentación, la falta de atención médica adecuada y llamativas carencias en materia de higiene personal. Las imágenes fueron aportadas por la denunciante, en una presentación radicada en la comisaría de Gálvez esa misma mañana en que se ordenó el allanamiento y detención de la dueña del asilo de calle Dorrego al 600 de la ciudad del departamento San Jerónimo.
Tras las primeras medidas investigativas, el fiscal Nessier solicitó que la implicada sea llevada a los tribunales santafesinos para formularle la atribución imputativa, acto formal que fue realizado el pasado sábado, ante la jueza Sandra Valenti.
En dicha oportunidad, el representante del Ministerio Público de la Acusación le atribuyó la autoría del delito de «abandono de persona agravado (por el daño ocasionado a la salud de las víctimas)«. Nessier declaró entonces que «la persona investigada estaba a cargo del asilo y tenía la obligación de cuidar a once ancianos que residían allí». En tal sentido, manifestó que «con su accionar delictivo, la mujer causó graves daños en la salud de al menos cuatro octogenarias».
En pandemia
En cuanto al lapso en el que se produjeron los hechos «sucedieron entre el lunes 28 de diciembre de 2020 y el jueves de la semana pasada», manifestó.
El funcionario del MPA hizo hincapié en que «la mujer puso en peligro la vida de quienes debía proteger». Explicitó que «las víctimas son incapaces de satisfacer sus necesidades básicas sin la asistencia de otra persona y pasaron meses en una situación de total desamparo».
El fiscal aseguró que «la imputada no les brindó a los ancianos la asistencia médica correspondiente, omitió higienizarlos de forma adecuada y les negó una alimentación acorde a sus requerimientos físicos». En tal sentido, «se constataron úlceras, escoriaciones y alteraciones por falta de movilización en diferentes partes del cuerpo de las víctimas, así como signos evidentes de desnutrición», sostuvo.
Otros responsables
A propósito de la audiencia de este lunes, fuentes cercanas al caso señalaron que tanto el fiscal Nessier como su par Cecchini, hicieron hincapié en continuar investigando otras responsabilidades en la cadena de control, ya sea en cuanto a la funciones de los órganos municipales destinados a tal fin, como a los médicos que en carácter de empleados del centro geriátrico prestaron servicio durante el lapso aludido. (Fuente: El Litoral).
