Un galvense de 47 años de edad comenzó a ser juzgado ayer lunes por graves delitos contra la integridad sexual, cometidos en perjuicio de dos menores de edad durante 9 y 7 años respectivamente, hija y sobrina de quien fuera su pareja entre 2010 y 2018. La fiscalía solicitará que se lo condene a 25 años de prisión.
Ayer comenzó el juicio oral y público que tiene en el banquillo de los acusados al galvense Héctor Rubén P. El fiscal del departamento San Jerónimo, Marcelo Nessier, estuvo a cargo de la investigación en su contra, tras lo cual lo acusó formalmente como autor de «abuso sexual simple, abuso sexual con acceso carnal (reiterado), amenazas coactivas y promoción de la corrupción de menores» en perjuicio de la sobrina de su expareja, entre los 8 y los 15 años de la menor.
En cuanto a su hijastra, se atribuyeron los delitos de «abuso sexual con acceso carnal (reiterado) y abuso sexual gravemente ultrajante -agravados por el carácter de guardador y por la situación de convivencia preexistente-, amenazas coactivas y promoción de la corrupción de menores». Esto comenzó cuando ella tenía 8 años y se detuvo recién a sus 17, debido a que la relación entre Héctor P. y su madre terminó.
El galvense está representado por el abogado particular Luis Rittiner durante el juicio, que comenzó este lunes 21 de febrero y se desarrollará a lo largo de esta semana. El tribunal que preside el debate está integrado por los jueces Rosana Carrara, Leandro Lazzarini y Pablo Ruiz Staiger.
«No te va a creer»
Según consta en la acusación presentada contra Héctor P., este aprovechaba los momentos en los que su pareja dormía o no estaba en la vivienda que compartían para acudir a la habitación de su hijastra y someterla sexualmente. Hizo lo mismo en un campo y también la llevó hasta un Motel de Gálvez, obligándola a esconderse en el interior de su vehículo para que nadie la viera ingresar.
Ya en la adolescencia, intentaba «convencer» a la menor prometiéndole que le compraría un celular y hasta asegurando «que si se dejaba penetrar se le iba a ir el acné del rostro», pero ella siempre se resistió. Esto no impidió que él continuara con los abusos y las amenazas para silenciarla (que iban desde decirle que no tendrían para comer hasta manifestarle: «tu mamá no te va a creer y si se lo contás se va a poner celosa y te va a matar»).
Cuando la relación entre Héctor P. y su madre terminó, angustiada y sintiendo que ya no podía guardar más el secreto, la menor (que para entonces tenía 17 años) le contó a su progenitora que durante esos 9 años de convivencia había sido víctima de abuso. La mujer realizó la denuncia correspondiente, y recién ante una psicóloga -y posteriormente en cámara Gesell- la adolescente describió el sometimiento, ya que quería «proteger» a su madre evitando que conociera los escabrosos detalles de lo acontecido.
Muerta en una cuneta
Que su prima hablara y su tía denunciara lo ocurrido dio pie a que la segunda víctima pudiera romper el silencio que durante tanto tiempo la había sofocado. La chica tiene la misma edad que su prima, por lo que su reacción siempre fue cercana, pasaba mucho tiempo en su casa y solía quedarse a dormir.
Esto le dio acceso a Héctor P., que muchas veces la sometía mientras su prima estaba durmiendo en la misma habitación (y viceversa), tapándole la boca con una de sus manos para evitar que gritara y despertara al resto de la familia. Además, cuando su hijastra se fue de viaje de 7° grado y ante la imposibilidad de abusar de ella, el hombre sometió todas las noches a la sobrina de su pareja, que por entonces estaba viviendo con ellos.
Para procurar su silencio la amenazaba, llegando a ser muy concreto al advertirle que si contaba algo la iban a encontrar muerta en una cuneta. El sometimiento comenzó, también, cuando la menor tenía 8 años y se extendió hasta sus 15, cuando dejó de visitar la casa de su tía.
«Comportamientos perversos»
Luego de contar con las entrevistas en cámara Gesell a las víctimas, los informes médicos y psicológicos (en los que se da cuenta del daño psíquico que presentan las chicas producto de los abusos reiterados), el fiscal Nessier ordenó la detención de Héctor P., que se efectuó a finales de diciembre de 2020. Días más tarde, se ordenó la prisión preventiva, en la que permanece.
Para la fiscalía, los delitos endilgados al imputado se desarrollaron en un contexto de «violencia de género, en la que el imputado impuso su superioridad física sobre las víctimas, menoscabando el normal desarrollo sexual de las mismas, y constituyendo reiteraciones de comportamientos perversos, humillantes y degradantes».
Por esto, llevará a Héctor P. a juicio, en el que solicitará que se lo condene a 25 años de prisión y se lo identifique genéticamente para su posterior inscripción en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. (Fuente: El Litoral).
