El fiscal federal Gustavo Onel envió a juicio a dos hermanos y un empleado del Ejército Argentino implicados en la causa que investigó el secuestro extorsivo al hijo de un comerciante de Gálvez, ocurrido en abril de este año.
Se trata de Franco Lionel Quevedo (35) y Martín Uriel Quevedo (36), ambos albañiles y Jonatán David Oscar Petri (40) que hasta su detención oficiaba como agente civil en el batallón de arsenales 603 de Fray Luis Beltrán.
Los tres transitan la causa con prisión preventiva y deberán sentarse en el banquillo de los acusados del tribunal santafesino tras ser procesados por secuestro extorsivo, agravado por ser la víctima una persona discapacitada, por la cantidad de intervinientes (tres personas).
En el caso de los Quevedo como “coautores”, mientras que Petri en calidad de partícipe necesario y agravado por ser agente de una fuerza de seguridad. Además, se les endilgó haber cometido robo agravado por ser en poblado y en banda, los que a su vez concursan de forma real con el delito de lesiones leves.
Cómo fue el secuestro en Gálvez
El histórico secuestro se retrotrae a los primeros minutos del 14 de abril pasado, cuando los hermanos Quevedo, oriundos de Gálvez, presuntamente secuestraron a Nicolás Pablo M. cuando este regresaba del trabajo a casa.
La secuencia delictiva tuvo lugar en Maipú, entre avenida República y Corrientes, en donde los hermanos Quevedo, que circulaban a bordo de un Ford Focus gris –propiedad de uno de ellos-, cargaron a la víctima (quien tiene una discapacidad) en el asiento trasero del coche y lo trasladaron hasta una casa de Andino, ubicada en calle Miguel Pafundi S/N, manzana 16 y la cual es propiedad de Petri, el cuñado de ambos galvenses.
El hombre secuestrado permaneció cautivo en el domicilio, con sus manos atadas y la cabeza tapada, y fue obligado a dormirse en un colchón y realizar sus necesidades en un tacho. Al amanecer y tras frustrarse el pago del rescate, los secuestradores cargaron al muchacho en el automóvil y lo liberaron en un camino rural de la zona en donde fue luego hallado por un automovilista que pasó.
Llamadas extorsivas
Durante el tiempo en que duró el secuestro, los raptores se comunicaron en varias oportunidades con el teléfono de la madre de la víctima y le exigieron el pago de 200.000 dólares a cambio de liberar a su hijo.
Inicialmente le enviaron un mensaje antes de la 7 de la mañana y le dejaron claro cuales eran sus intenciones criminales: «No es joda, 200 mil dólares o no le ve más, si llama a la cana no lo ve más», le escribieron. Horas después, llamaron desde el teléfono del joven secuestrado a la madre de este y le reiteraron el pedido de dinero. Pero como la mujer les indicó que no tenía el monto exigido, los secuestradores insistieron con la suma exigida. «Se acabó el tiempo señora, se empeñó más en rastrear el celular que en encontrar a su hijo, que tenga suerte», le dijeron en otro de los llamados.
En medio del rapto, los secuestradores le pidieron a la madre de la víctima que deje el dinero que tenía debajo del puente del río Carcarañá que atraviesa la autopista Rosario-Santa Fe. “Cuchame dejá la plata tirada en el puente Carcarañá, abajo hay una calle”, le indicaron. «Tu hijo está en Ricardone camino de tierra que va Aldao», agregaron.
Con el correr de las horas y ya con la intervención de la División Antisecuestros de la Policía Federal, el pago del rescate se frustró por lo que la víctima fue liberada en un camino rural.
Reconstrucción y detención
El vinculo de los hermanos Quevedo con el caso surgió a partir de que uno de ellos, en medio de la trama delictiva, usó su teléfono particular para contactarse con la madre del joven secuestrado. Si bien esa llamada no se concretó, el número fue rápidamente intervenido por los agentes antisecuestros de la Policía Federal que pidieron localizar el dispositivo a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado.
Mediante peritajes se determinó que número telefónico era propiedad de Franco Quevedo y que durante la madrugada del 14 de abril dio impactos de antena idénticos a los del celular de la víctima, el cual fue utilizado para hacer las llamadas extorsivas. Inclusive, el celular de su hermano, Martín Uriel, quedó registrado14 veces en las antenas de la zona de Rosario, San Lorenzo y Aldao, lugares cercanos a la localidad de Andino a donde fue llevado el hombre secuestrado.
Sumado a ello, Quevedo (Martín) era quien figuraba a nombre de un Ford Focus gris color champagne similar al que se utilizó para levantar a la víctima Gálvez y llevarlo hasta el pueblo del departamento Iriondo. (Fuente: Aire Digital)
Petri, por su parte, quedó bajo sospecha ya que la casa en donde permaneció cautivo el hombre secuestrado era propiedad suya y de su pareja y durante el lapso en que ocurrió el secuestro interactuó en al menos dos llamados con los Quevedo.
Su teléfono además impactó en la localidad de Andino el día del secuestro, entre las 09:27 y las 11:23 horas cuando se cree que la víctima fue sacada de la vivienda a donde estuvo retenida. De hecho, una cámara de seguridad captó la llegada al pueblo del automóvil Renault Sendero Stepway que es de su propiedad.
