Ayer martes Amsafe realizó las 19 asambleas departamentales del gremio donde se analizó la negativa del gobierno a reabrir la paritaria y las acciones a seguir. En el departamento San Jerónimo se realizaron en horas del mediodía en San Genaro y Maciel y por la tarde en Gálvez y Coronda. De allí salían las mociones que se someten a votación de los docentes en las escuelas entre este miércoles y jueves, y el viernes 29 la asamblea provincial a partir de las 10 horas, en la sede de Rivadavia 3279, donde se conocerá el resultado de si habrá medidas de fuerza en la provincia y por lo visto se avizora un escenario de conflicto.
Lo que se ha mocionado es paro de 48 horas los días 2 y 3 de agosto y paro de 72 horas los días 9, 10 y 11 de agosto con movilización a Casa de Gobierno y posterior asamblea provincial.
«Acá es una cuestión de decisión política; tiene que haber voluntad política de sentarse a discutir. Si eso no sucede, se avecina un escenario de conflicto en Santa Fe y los responsables no van a ser los docentes que sistemáticamente venimos exigiendo un ámbito de discusión, sino el gobierno que tiene recursos pero no nos llama al diálogo», había manifestado por estas horas, el secretario general de Amsafe, Rodrigo Alonso.
Por su parte, desde el Ministerio de Educación, Adriana Cantero se limitó a decir: «Cuando el gobierno decida convocar a todos los gremios estatales a paritarias, seguramente será el turno también de los docentes. Pero esa es una definición provincial, no ministerial».
Unilateral
El titular de Amsafé también cuestionó al Ministerio de Educación por una serie de decisiones que está adoptando sin consultar a los docentes. En este marco, habló de la extensión horaria y de la eliminación de la repitencia en el nivel secundario.
«No nos convocaron para hablar de salarios pero tampoco, para discutir sobre condiciones de trabajo y sobre la extensión horaria que el gobierno va a llevar adelante sin ningún tipo de consultas con los docentes. Por eso también es nuestro malestar. Hay una ley de paritarias que el gobierno tiene que cumplir; ya no tiene más excusas», planteó.
Alonso consideró que la extensión horaria implica «modificar la jornada laboral», y advirtió acerca de la gravedad de que la decisión se adopte sin consultar al sector docente. «¿Con qué norma legal se está haciendo eso? ¿Con qué norma legal se le va a cambiar la jornada a los maestros? ¿Qué monto se les va a pagar por ese trabajo? ¿De qué manera los van a convocar? ¿Cuál es el objetivo pedagógico de esa extensión? Todas esas preguntas no tienen respuesta porque el gobierno insiste en tomar decisiones unilaterales», dijo el dirigente.
Del mismo modo, el gremialista se quejó porque el Ministerio avanza en el sistema de enseñanza continua (ello implica eliminar la repitencia) sin escuchar la opinión de los docentes. «Todo es unilateral, y eso está mal. Las decisiones tienen que ser consensuadas. Muchas veces esas decisiones terminan no teniendo que ver con las necesidades que tenemos los docentes y la escuela pública. Por eso volvemos a hacer un llamado al gobierno para que deje de tomar decisiones sin consultar», manifestó a El Litoral.
